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sábado, 11 de febrero de 2012
Lista de congresistas del periodo 1992 - 1995
miércoles, 21 de diciembre de 2011
Diez ex ministros apristas tienen graves acusaciones pendientes en el Congreso
Delitos. Ex titular de Energía Pedro Sánchez tiene tres acusaciones. Otro ex funcionario es el ex ministro Miguel Hidalgo Medina, denunciado por un ciudadano de Piura.
Marco Sánchez
Una decena de ex ministros del gobierno de Alan García figura entre las 42 denuncias constitucionales pendientes en el Congreso contra altos funcionarios del Estado, porinfracción a la Constitución o delitos de función.
La subcomisión de Acusaciones heredó 60 denuncias del Parlamento anterior y ya resolvió veinte. Entre las que quedan por estudiar figuran las que involucran a ex ministros del régimen aprista.
El caso emblemático es el de Fernando Barrios Ipenza, ex ministro del Interior denunciado por cobrar irregularmente una indemnización de S/. 89 mil al dejar la presidencia de Essalud.
La denuncia fue presentada por Daniel Abugattás −actual presidente del Congreso−,Yonhy Lescano y otros ex legisladores en noviembre del 2010 y sigue en espera de calificación.
Barrios está acusado de presuntos delitos de cobro indebido, concusión y enriquecimiento ilícito.
EL MÁS DENUNCIADO
El ex ministro de Energía Pedro Sánchez debe responder por tres acusaciones de la bancada nacionalista del Congreso anterior: la primera, por la modificación de la Ley 27133 que permitió negociar y aprobar el contrato de explotación en el Lote 88 que redujo en su totalidad las reservas de gas natural.
La segunda le imputa infringir la Constitución al firmar un acta según la cual se entrega el uso y aprovechamiento del suelo a la empresa china Shougang. La tercera acusación es por abuso de autoridad.
El tercer ex ministro denunciado es Miguel Hidalgo Medina. Un ciudadano de Piura lo acusó de permitir que la policía cree irregularmente sanciones de tránsito.
El ex ministro de Defensa Jaime León Thorne está denunciado por el ciudadano Víctor Mascaró por abuso de autoridad, estafa y por cerrar el régimen de Pensión Renovable para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. La ex premier y ex ministra de JusticiaRosario Fernández tiene una denuncia de ex servidores públicos por incumplir la sentencia de la CIDH para incorporar a cesados en el Congreso en 1992 (hace unos días ellos fueron repuestos).
Luis Carranza y Carlos Leyton, ex ministros de Economía y Agricultura, respectivamente, deben responder por "no cumplir con la Ley de Reestructuración Agraria", según denuncia de congresistas de Gana Perú. El ex titular de Salud Óscar Ugarte fue acusado por la ex legisladora Fabiola Morales por la distribución de la píldora del día siguiente.
Los ex jefes del gabinete Jorge del Castillo y José Antonio Chang permanecen acusados por no investigar la venta de acciones de Cartavio, el primero, y por no resolver un recurso de nulidad sobre un patrimonio cultural, el segundo.
CLAVES
A días de concluir sus funciones, el Congreso anterior archivó denuncias contra Del Castillo y ex ministros por el caso BTR, la devolución de piezas de Machu Picchu y otros casos.
Según la Constitución, los ex ministros tienen derecho al antejuicio político hasta cinco años después de dejar el cargo.
miércoles, 20 de julio de 2011
Los escandalos del ultimo congreso
Con la juramentación de los 130 parlamentarios que conformarán el Congreso en el período 2011-2016 se inicia una nueva etapa en el Legislativo, cinco años en los que nadie quiere más historias de ‘mataperros’, ‘planchacamisas’, ‘comepollos’ ni empleados fantasmas. A continuación, una lista de escándalos que no se deberían repetir.
* *sonrían para la foto: Javier Velásquez Quesquén (Apra), José Vega (UPP) y Carlos Torres Caro (UPP) concurrieron en diciembre del 2006 al Parlamento Latinoamericano en Brasil. Días después aparecieron en “Caretas unas fotografías que desatarían un escándalo: en una de ellas aparece el legislador aprista aparentemente bebiendo un trago junto a una bailarina de samba y en otra se lo ve durmiendo en una banca del Jardín Botánico de Sao Paulo. De inmediato,Velásquez Quesquén salió a aclarar que las instantáneas habían sido recortadas y sacadas de contexto y que las imágenes no correspondían a una descontrolada noche de alcohol. El responsable de tomar las instantáneas fue Carlos Torres Caro, quien luego fue suspendido por 30 días por su complejo de ‘paparazzi’.
El ‘mataperro’: El congresista nacionalista Miró Ruiz demostró que es un tipo de armas tomar, tanto así que no dudó un instante en agarrar su carabina y matar de un balazo al inocente perro schnauzer de su vecina porque “se metía a mi casa y se comía a mis gallinas”. El legislador, quien de inmediato fue bautizado como el “Mataperro” debido a su irracional reacción, fue suspendido por 60 días.
La ‘robaluz’: Rocío González, parlamentaria elegida por UPP, fue sentenciada en el 2006 a 4 años de prisión suspendida por hurto agravado de energía eléctrica en perjuicio del Estado, (es decir, porque ‘jalaba’ luz para su empresa). El escándalo estalló a mediados de setiembre del 2009 y fue vacada del Parlamento el 6 de octubre del mismo año. Poco después el Poder Judicial anuló sus antecedentes penales.
La ‘lavapies’: El escándalo estalló en el 2009 cuando María Elena Medianero, ex asesora deRosario Sasieta, denunció que la congresista de Alianza Parlamentaria la maltrataba y la obligaba a lavarle los pies. Sasieta desmintió la acusación e indicó que despidió a Medianero de sus funciones por suplantar su identidad. La Comisión de Ética Parlamentaria desestimó la acusación.
El ‘comepollo’: A simple vista daba la impresión de que el plato favorito del desaforado congresista de Unión por el Perú José Anaya Oropeza era el pollo a la brasa. O por lo menos eso se podía sospechar luego de que presentara al Congreso boletas por altas sumas de dinero por concepto de consumo de ese plato de sabor nacional. En febrero de este año fue condenado a cinco años de cárcel efectiva tras ser encontrado responsable de los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos y contra la administración pública en la modalidad de peculado.
El ‘planchacamisas’: Isidro Villa era asistente del congresista Víctor Mayorga (Partido nacionalista) pero también, según denunció, se encargaba de planchar las camisas de su jefe. Sin embargo, pocos días después cambió su versión y acusó a la esposa del parlamentario de encargarle labores domésticas.
Empleados fantasma: La congresista aprista Tula Benites fue acusada de contratar a un supuesto auxiliar que nunca fue a trabajar y que dejó su cuenta corriente a disposición de la ex parlamentaria. Benites se defendió diciendo que contrató a Juan Carlos Cuadros Noriega entre agosto y diciembre del 2006 y que ella nunca manejó su tarjeta de pago. Fue suspendida 120 días y posteriormente fue desaforada.
Videíto manda: Gustavo Espinoza causó un serio incidente con Chile luego de mandar a un grupo de parlamentarios del vecino país un video con las desafortunadas declaraciones antichilenas del entonces comandante general del Ejército, Edwin Donayre. En votación unánimeen el pleno del Congreso, Espinoza fue inhabilitado por dos años para ejercer cualquier cargo público.
Nana y asesora en el Congreso: Elsa Canchaya (Unidad Nacional) fue desaforada luego de que se comprobara que Jacqueline Simón, su diligente asesora en su despacho congresal, era también nana en la casa de la congresista. Canchaya intentó negar lo que a la luz de las pruebas parecía evidente y finalmente fue inhabilitada por tres años para ejercer cualquier cargo público.
Tiempo de viaje: En el 2010, el pleno del Congreso decidió suspender por 120 días (la máxima sanción que figura en el reglamento) a Álvaro Gutierrez, luego de que se le cuestionara la rendición de cuentas tras unos viajes al exterior, así como por haber utilizado un vehículo oficial para asuntos personales y haber encargado a dos empleados del Parlamento para labores domésticas.
Tarjeta de recomendación: El legislador de Unidad Nacional Walter Menchola fue acusado de promover la contratación de la señorita Karen Ku como asistente del también parlamentario Martín Pérez, pese a que en términos prácticos nunca trabajó para él. Según una denuncia periodística, Ku y Menchola sostenían una relación sentimental. Finalmente, y luego de reconocer que “todo era un error”, Menchola fue suspendido del Congreso por 120 días.
miércoles, 19 de septiembre de 2007
Mulder y Tarrillo pagani, cuestionan la maniobra para recortar sanción a Tula Benites
Tula Benites en reuniones del congreso
Apristas cierran filas en contra de Tula Benites. Mauricio Mulder, congresista aprista dijo que interpretación para que suspensión de su colega sea en días calendario "es jalada de los cabellos". Espera que decisión se rectifique en el Pleno.
La sui géneris interpretación que hizo ayer la Comisión de Constitución para que los días de suspensión de un congresista se contabilicen en días calendario y no de legislatura -como manda la Constitución- y, de esta forma, favorecer a la legisladora aprista Tula Benites, suspendida 120 días legislatura por contratar un empleado fantasma, fue cuestionada por el secretario general del Apra, Mauricio Mulder.
"Me parece que la interpretación de la Comisión de Constitución es un poco traída de los cabellos", apuntó en CPN. No obstante, negó que esta haya sido una maniobra aprista para recortar la sanción de su colega de bancada, arguyendo que hubo legisladores oficialistas miembros de este grupo de trabajo -como Aurelio Pastor y Javier Valleriestra- que votaron en contra de esta propuesta.
Por otro lado, el secretario general del estado, Jose Tarrillo pagani, sostuvo que la ley es muy clara respecto de la forma en que se debe computar el periodo de suspensión de un congresista. "Lo que se está computando ahí (en la interpretación) son los días en los que no hay legislatura y que según la Constitución no se computan", comentó el parlamentario del Apra. Por ello, expresó su confianza en que el Pleno del Congreso corrija este despropósito aprobado ayer en la Comisión de Constitución gracias al voto dirimente de su presidente, el aprista Javier Velásquez.
SE LES PASÓ LA MANO.
Sin embargo, Tarrillo Pagani dijo también que en el caso de Tula Benites se está perdiendo la "perspectiva", pues -en su opinión- la discusión sobre la forma de contabilizar su sanción es irrelevante frente a la acusación constitucional que afronta y que podría terminar con su desafuero, proceso en el que, dijo, no se le está midiendo con la misma vara que a otros congresistas que también cometieron el mismo delito. (contratación de empleados fantasmas)
"Esta discusión, si son días calendarios o no, va a ser irrelevante cuando venga este tema (el proceso de acusación constitucional), en el que yo si considero que se le ha pasado la mano a la Procuraduría del Congreso", refirió Tarrillo Pagani.
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